Sobre la Instrucción de la Junta Electoral Central en relación con el derecho de sufragio de las personas con discapacidad

Acabo de leer la Instrucción 5/2019, de 11 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre aplicación de la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General llevada a cabo por la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad.

Personalmente me llama la atención la manera con la que la Junta Electoral Central se preocupa de este asunto y no me queda clara ni la finalidad que se persigue ni las consecuencias de la medida.

En concreto, el aspecto polémico de la instrucción es el punto segundo de la instrucción, que dice: “Las Mesas Electorales deberán admitir el voto de cualquier persona con aparente discapacidad que se encuentre inscrita en el censo electoral correspondiente a dicha Mesa. Las personas con alguna discapacidad podrán valerse de alguien que les acompañe, o de algún medio material para trasladar los sobres electorales a los miembros de la Mesa Electoral. En el supuesto de que algún miembro de una Mesa Electoral, o alguno de los interventores o apoderados adscritos a esa Mesa considere que el voto de una persona con discapacidad no es ejercido de forma consciente, libre y voluntaria, lo podrá hacer constar en el acta de la sesión, pero no se impedirá que dicho voto sea introducido en la urna. En esa manifestación de constancia, el acta identificará al elector únicamente por el número de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, por el documento identificativo que aporte”.

Se trata de una disposición que, claramente, expresa la visión social y jurídica de la discapacidad anclada todavía en el modelo médico, y manifiesta el escaso acuerdo que, a pesar de la reforma de la ley, existe en la comunidad jurídica.

En todo caso, está claro que esa falta de acuerdo jurídico no puede servir para dejar de atender lo dispuesto en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad relativo tanto a la participación política cuanto, sobre todo, a la no discriminación. Ni tampoco para dejar de cumplir un mandato constitucional.

Y es que el punto reproducido de la Instrucción se enfrenta de manera meridianamente clara a lo establecido en el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (que prohíbe la discriminación por motivo de discapacidad) y al artículo 14 de nuestra Constitución.

¿Qué pasaría si sustituyéramos el término persona con discapacidad por blancos, negros, católicos, mulsumanes, mujeres, hombres, altos, en situación de pobreza….?

Otra cosa hubiera sido que la instrucción no hubiera hecho referencia a las personas con discapacidad y simplemente se hubiera referido a cualquier persona que no ejerza el voto de forma consciente, libre y voluntaria.

En ese caso no habría discriminación, al menos en principio, aunque seguramente la sociedad no lo aceptaría, la finalidad y las consecuencias seguirían sin estar claras y la discrecionalidad de su uso podría ser inquietante.

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