El informe sobre España del Comité sobre los Derechos de las Personas con discapacidad

Como es sabido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), en su artículo 34, crea un Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuya principal función (no la única) consiste en la revisión de los informes (iniciales y periódicos) que los Estados Parte deben presentar de conformidad con su artículo 35. 

El Estado español fue el primero en presentar su informe ante el Comité. Las observaciones finales relativas a ese primer informe se publicaron en octubre de 2011. El 9 de abril de 2019, se han publicado las observaciones finales sobre los informes periódicos segundo y tercero combinados de España.

En relación con las primeras observaciones de 2011, llama la atención que el informe que contiene estas segundas es, en términos generales, más prolijo. En efecto, en él hay observaciones y recomendaciones de once artículos en relación con los cuales el primer informe del Comité no se pronunciaba.

Entre las novedades nos encontramos con observaciones relacionadas con la eutanasia por motivo de discapacidad, la discriminación de refugiados y solicitantes de asilo, la violación de la privacidad en el ámbito de la salud mental, el incumplimiento de la cuota de reserva, la participación de personas con enanismo en los espectáculos taurinos, la ausencia de mecanismo independiente en relación con el artículo 15 (protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), la falta de ratificación del Tratado de Marrakech, y la ausencia de una política adecuada en materia de cooperación internacional.

En este segundo informe del Comité, con carácter general se presta una mayor atención a la situación de las mujeres con discapacidad y a la discapacidad psicosocial. Y también al hilo del tratamiento de diferentes temáticas el Comité subraya la importancia de la formación dirigida a profesionales, del análisis de la situación de las personas con discapacidad en las zonas rurales y de la participación de las personas con discapacidad en el diseño de las políticas y normas que les afectan.

Pero en cualquier caso, dos son los asuntos que destaca el Comité por encima de cualquiera otros: las esterilizaciones forzosas y la cuestión educativa. Así, en el parágrafo 64 del documento puede leerse: “El Comité destaca la importancia de todas las recomendaciones que figuran en las presentes observaciones finales. En particular, el Comité señala a la atención del Estado parte las recomendaciones relativas al artículo 17 (Protección de la integridad personal) y 24 (Educación inclusiva) de la Convención, respecto de las cuales deben adoptarse medidas urgentes” (esto último en relación con el cumplimiento del informe de su investigación, CRPD/C/20/3).

Por otro lado, hay tres asuntos sobre los que llama la atención el hecho de que el Comité no se pronuncie o lo haga de manera insuficiente. No hay observaciones relacionadas con el artículo 20, referido a la movilidad personal, ni sobre el 26, que trata de la habilitación y rehabilitación. Y en relación con el artículo 30 (participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte), se hace referencia a la necesidad de ratificar el Tratado de Marrakech, pero no se abordan otros aspectos y, de manera significativa, no se alude al deporte (verdadera herramienta de inclusión social y cuya práctica sigue encontrando importantes barreras de todo tipo).

Una lectura rápida y descontextualizada, que comparara ambos informes podría llevar a la conclusión de que en estos ocho años, la situación de los derechos de las personas con discapacidad ha empeorado en España. Sin embargo considero que esta interpretación sería desacertada. No cabe duda que, a pesar de que quedan muchas cosas por hacer y de que las personas con discapacidad siguen estando en una situación de discriminación en muchas parcelas de la vida, algo se ha mejorado. En este sentido, no hay que pasar por alto que el Comité, en ocasiones, es más meticuloso con aquellos países en los que se supone que el bienestar de las personas con discapacidad, en una comparación global, es mayor. Aún así, el informe da cuenta de la enorme tarea que tenemos pendiente para lograr unos estándares de satisfacción de derechos de las personas con discapacidad aceptables.

(Puede verse un análisis más detallado del informe en los Papeles “El Tiempo de los Derechos” https://redtiempodelosderechos.com/agenda/papeles-el-tiempo-de-los-derechos/)

En el día de la atención temprana

En diciembre de 2017 recibí un correo de un padre en el que me explicaba la situación de su hija de 18 meses en relación con la atención temprana. Tengo que reconocer que para mí se trataba de un aspecto de la discapacidad que nunca había abordado, seguramente por la relación que entonces establecía entre atención temprana y modelo médico de la discapacidad.

En efecto, en aquel momento para mi, y creo que esto es un problema que no solo tiene que ver conmigo, la atención temprana estaba vinculada a una visión de la discapacidad como enfermedad y exigía una serie de atenciones exclusivamente sanitarias.

Sin embargo, y gracias a este padre y a una organización que en ese momento comenzaba (creo) a desarrollarse (la  Plataforma por la Atención Temprana y los Derechos de la Infancia de Madrid), organizamos un par de programas dentro de la Clínica Jurídica del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid. Y en ese marco tuve ocasión de conocer el significado real de la atención temprana y su alcance, y con ello, también, de desembarazarme de algunos estereotipos comunes en el tratamiento de la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos.

Y es que, por un lado, a pesar de que el tratamiento correcto de la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos obligue a prestar atención a la situación más que a la condición, ésta última no puede ser dejada a un lado completamente. El enfoque de derechos humanos no es el enfoque asistencial pero esto no significa que haya que renunciar completamente a él (sino más bien que es necesario llevar a cabo su relectura). Hace poco, en una conferencia en la UNED, tuve ocasión de referirme a la necesidad de combinar situación y condición (https://canal.uned.es/video/magic/t7635jmhtnkkc0w4cgw084k844g0kog) y junto a ello, a prestar atención a la diversidad de la discapacidad.

Pero además, por otro lado, la visión de la atención temprana desde un punto de vista exclusivamente sanitario es simple y errónea, por incompleta e insuficiente. La atención temprana requiere, al menos, de una triple mirada: sanitaria, educativa y social. Y el énfasis en cada uno de esos espacios dependerá del niño, niña y familia en la que se proyecte.

Todas las personas tenemos derecho al libre desarrollo de la personalidad y al disfrute de los derechos humanos en igualdad de condiciones que los demás. En ocasiones este desarrollo y disfrute pueden verse afectados por diversas circunstancias que se presentan como barreras. Y es obligación del Estado suprimir o aminorar esas barreras a través de diferentes actuaciones.

En ocasiones, durante los primeros años de vida estas actuaciones se convierten en algo fundamental, en cuanto colaboran en la definición de una serie de circunstancias que marcarán el desarrollo de la persona.

La atención temprana se justifica en el libre desarrollo de la personalidad, que es una exigencia de la vida humana digna y, por tanto, del discurso de los derechos humanos. Se trata así de un derecho que debe ser reconocido por igual a cualquier niño o niña que tenga que enfrentarse a barreras en su desarrollo.

Ahora bien, la satisfacción de este derecho requiere, en nuestro país, de un cambio normativo. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en su segundo informe sobre España, recientemente publicado, ha instado al Estado a que “garantice el acceso universal de todos los niños y niñas con discapacidad a servicios de atención sanitaria primaria, incluidos servicios de atención temprana”.

Mientras este cambio no llegue, el libre desarrollo de la personalidad de algunos niños y niñas no será realidad, y se estará produciendo una violación de su dignidad.

De nuevo sobre la reforma del artículo 49 de la Constitución. El dictamen del Consejo de Estado

El 28 de febrero de 2019, el Consejo de Estado ha emitido un dictamen sobre el anteproyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución en el que se apuntan algunas consideraciones que, necesariamente, habrá que abordar…

El Dictamen señala que el artículo 49, en su redacción actual, puede interpretarse, en virtud de los artículos 10,2 y 96,1 de la Constitución, conforme a la Convención, aunque subraya la relevancia del consenso político existente para su reforma.

En relación con el texto propuesto realiza cuatro consideraciones que se proyectan sobre cada uno de los apartados del artículo 49 en su nueva redacción.

Recordemos que el texto propuesto por la reforma es:

“1. Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación. 2. Los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad. Estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias, y serán adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad. 3. Se regulará la protección reforzada de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes. 4. Las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”.

Pues bien, en primer lugar, el Dictamen se refiere a la proclamación de que las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en el Título I de la Constitución. Al Consejo no le parece pertinente porque le parece que es una afirmación innecesaria por evidente, pero también porque no es apropiada teniendo en cuenta que estamos en el capítulo de los principios rectores (que poseen un grado normativo menor). En este punto el Consejo se agarra a la distinción entre titularidad y ejercicio…

Respecto al apartado segundo, cuestiona la alusión a las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en la adopción de las políticas sobre la discapacidad. Al respecto, considera que no se trata de una redacción habitual, que esa participación debe ser objeto de regulación legal, y que su elevación a rango constitucional puede tener efectos perturbadores.

Respecto al apartado tercero, cuestiona la referencia a la protección reforzada. Y lo hace afirmando que se trata de un concepto jurídico indeterminado cuya interpretación puede distorsionar la finalidad que se persigue, y señalando que la protección que cabe es la que establece el art. 53,3 de la Constitución que, para este caso, no puede entenderse como directa e inmediata.

Al hilo de esta consideración, el Consejo de Estado señala la conveniencia de lleva esta cuestión de la protección al mismo lugar en el que el artículo se refiere a la titularidad…

Respecto al apartado cuarto, el Consejo considera que la alusión a los Tratados internacionales resulta reiterativa.

En virtud de todo lo anterior, el Consejo considera conveniente introducir los siguientes cambios:

  • Refundir los incisos 1 y 3: Las personas con discapacidad ejercen los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva. Se regulará la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio
  • Completar la referencia a la participación de las organizaciones profesionales -contenida en el apartado 2 del artículo 49- con la remisión a lo que disponga una norma con rango de ley
  • Eliminar el apartado 4 del artículo 49 (sin la mención a los Tratados queda vacío de contenido)

Aunque algunas de las consideraciones pueden ser, en línea de principio, adecuadas en términos de técnica normativa, no hay que olvidar que estamos ante un asunto de protección de derechos y de lucha contra la discriminación.

Las consideraciones sobre el primer apartado parecen el algún momento ser incoherentes. Se afirma que es evidente que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier otra persona, pero también que no es apropiado decirlo en el capítulo III… Y así, propone un cambio basado en la distinción entre titularidad y ejercicio… Pero no olvidemos que es diferencia ha tenido grandes (y graves) consecuencias en el disfrute de los derechos de las personas con discapacidad.

En relación con el segundo apartado, es cierto que puede sorprender y parecer inadecuada la referencia a las organizaciones de la discapacidad. Sin embargo, no estoy seguro que el Consejo entienda su papel y su historia. Sobre todo porque cuando se refiere al texto que se sugiere en sustitución del proyecto se habla de organizaciones profesionales.

Respecto al apartado 3, lo que dice el Consejo pone de manifiesto la regulación cuestionable de los derechos de las personas con discapacidad fruto de una comprensión también cuestionable.

Los derechos de las personas con discapacidad son los mismos que los de cualquier otra persona y pueden ser protegidos por las mismas vías (directa e inmediata). No son principios rectores a pesar de que se aluda a las personas con discapacidad en el art. 49. Además, dada la situación de discriminación en la que se encuentran las personas con discapacidad hablar de protección reforzada (nunca especial), creo que tiene sentido.

Lo anterior pone de manifiesto que, seguramente, no baste con cambiar el texto del art. 49. Es necesario, como he señalado en otras ocasiones, cambiar de lugar el precepto (o cambiar el art. 53) y aludir a la discapacidad en el art. 14.

Nada que decir sobre las consideraciones del apartado 4. En mi opinión tiene razón el Consejo. No obstante, esa alusión a los textos internacionales se explica por el escaso éxito que estos textos tienen entre los operadores jurídicos y en la sociedad en general. Seguimos sin tomarnos en serio el Derecho internacional.

Y ello vuelve a poner sobre la mesa la relevancia de la formación y educación en derechos humanos… Mientras esto no ocurra, tal vez haya que seguir aludiendo a lo obvio en las normas.

Por último, es importante resaltar que en el Dictamen se alude a un escrito presentado por el CERMI estatal en el que se proponen algunos cambios al texto aprobado por el Gobierno ,en sintonía con lo que hemos resaltado en alguna ocasión, al aludir a la igual capacidad jurídica, los apoyos, la vida independiente y, sobre todo, la accesibilidad. Esperemos que puedan incorporarse…

Sobre la Instrucción de la Junta Electoral Central en relación con el derecho de sufragio de las personas con discapacidad

Acabo de leer la Instrucción 5/2019, de 11 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre aplicación de la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General llevada a cabo por la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad.

Personalmente me llama la atención la manera con la que la Junta Electoral Central se preocupa de este asunto y no me queda clara ni la finalidad que se persigue ni las consecuencias de la medida.

En concreto, el aspecto polémico de la instrucción es el punto segundo de la instrucción, que dice: “Las Mesas Electorales deberán admitir el voto de cualquier persona con aparente discapacidad que se encuentre inscrita en el censo electoral correspondiente a dicha Mesa. Las personas con alguna discapacidad podrán valerse de alguien que les acompañe, o de algún medio material para trasladar los sobres electorales a los miembros de la Mesa Electoral. En el supuesto de que algún miembro de una Mesa Electoral, o alguno de los interventores o apoderados adscritos a esa Mesa considere que el voto de una persona con discapacidad no es ejercido de forma consciente, libre y voluntaria, lo podrá hacer constar en el acta de la sesión, pero no se impedirá que dicho voto sea introducido en la urna. En esa manifestación de constancia, el acta identificará al elector únicamente por el número de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, por el documento identificativo que aporte”.

Se trata de una disposición que, claramente, expresa la visión social y jurídica de la discapacidad anclada todavía en el modelo médico, y manifiesta el escaso acuerdo que, a pesar de la reforma de la ley, existe en la comunidad jurídica.

En todo caso, está claro que esa falta de acuerdo jurídico no puede servir para dejar de atender lo dispuesto en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad relativo tanto a la participación política cuanto, sobre todo, a la no discriminación. Ni tampoco para dejar de cumplir un mandato constitucional.

Y es que el punto reproducido de la Instrucción se enfrenta de manera meridianamente clara a lo establecido en el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (que prohíbe la discriminación por motivo de discapacidad) y al artículo 14 de nuestra Constitución.

¿Qué pasaría si sustituyéramos el término persona con discapacidad por blancos, negros, católicos, mulsumanes, mujeres, hombres, altos, en situación de pobreza….?

Otra cosa hubiera sido que la instrucción no hubiera hecho referencia a las personas con discapacidad y simplemente se hubiera referido a cualquier persona que no ejerza el voto de forma consciente, libre y voluntaria.

En ese caso no habría discriminación, al menos en principio, aunque seguramente la sociedad no lo aceptaría, la finalidad y las consecuencias seguirían sin estar claras y la discrecionalidad de su uso podría ser inquietante.

El marco de la accesibilidad

Uno de los compromisos de un proyecto que estamos terminando, Madrid sin barreras, consiste en llevar a cabo una publicación sobre los conceptos de accesibilidad, ajustes, apoyos… Se trata de términos sobre los que he escrito algunos trabajos que estoy reuniendo y rehaciendo con el objetivo de escribir un estudio amplio sobre el derecho a la accesibilidad, cumpliendo así el compromiso del proyecto. De manera esquemática, la idea de accesibilidad que voy a defender en ese estudio es la siguiente.

Es posible hablar de accesibilidad en un sentido restringido y en un sentido amplio. El sentido restringido de la accesibilidad, se proyecta sobre “productos, entornos, programas y servicios”, y supone “el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales”. El sentido amplio de la accesibilidad supone el acceso a todos los bienes y derechos y se fundamenta en la vida independiente, en la participación en la vida social y en la igualdad de oportunidades; conecta con la idea de capacidad, y subraya su dimensión como posibilidad o, si se quiere como derecho a tener derechos.

Además, y desde un punto de vista jurídico, la accesibilidad se presenta bien como parte del contenido esencial de los derechos y, en definitiva, de las condiciones que los hace practicables; o bien como derecho autónomo.

La accesibilidad no es un derecho ilimitado sino que es posible hablar de límites de lo posible y de límites de lo razonable (ver  http://repositoriocdpd.net:8080/handle/123456789/858).

Creo que es posible defender que la accesibilidad como parte del contenido esencial tiene que ver con la accesibilidad en sentido amplio, mientras que la accesibilidad como derecho autónomo tiene que ver con la accesibilidad en sentido restringido, y que los límites a la accesibilidad poseen un alcance distinto en cada una de esas proyecciones.

De esta forma la accesibilidad como parte del contenido esencial puede manifestarse en términos de diseño universal, de medidas de accesibilidad o de ajustes razonables. Cada uno de estos momentos se puede realizar a través de determinadas exigencias y actuaciones. En este punto, por ejemplo, los apoyos, la asistencia y los ajustes de procedimiento, pueden ser parte del contenido esencial de un derecho y presentarse al hilo del diseño universal o como ajuste. Por su parte, las acciones positivas encuentran justificación en cuanto satisfacen la posibilidad de realizar el derecho y se presentan al hilo de las medidas de accesibilidad. Es importante advertir que en esta proyección de la accesibilidad, los límites que esta puede encontrar en términos de lo posible o de lo razonable, tienen que apoyarse en argumentos capaces de justificar la restricción de un derecho humano.

Por su parte, la accesibilidad como derecho autónomo también puede manifestarse en términos de diseño universal, de medidas de accesibilidad o de ajustes razonables. E igualmente, cada uno de estos momentos se puede realizar a través de determinadas exigencias y actuaciones. Sin embargo, en este punto, apoyos y asistencia, de tener cabida (cuestión discutible), se manifiestan solo en términos de diseño universal. Por otro lado, en esta dimensión de la accesibilidad, los límites compiten con argumentos que no tienen que ver necesariamente con derechos humanos y, además, adquiere relevancia el carácter público o privado de los sujetos a los que concierne.

Las razones de la salida

Muchas amigas y amigos, me han venido preguntando en estos días, al felicitarnos las fiestas o al encontrarnos por las canchas, sobre la decisión de no seguir al frente del CBLR. Ahora, pasados ya unos días desde la celebración de la Asamblea de socios, voy a escribir brevemente unas líneas al respecto. Y lo hago sobre todo porque, en muchas ocasiones, lo que me han trasladado estas personas que me han preguntado sobre el tema, han sido versiones sobre aquello que ha motivado la decisión que distan mucho de ser ciertas. No quiero extenderme mucho, no tengo tiempo para ello en estos momentos, pero tampoco quiero dejarlo pasar. En todo caso, como los más cercanos saben, comencé hace tiempo a escribir un libro sobre esta experiencia de ocho años, en el que tendré ocasión de contar esto y muchas cosas más (si es que tengo tiempo para hacerlo porque la verdad es que he avanzado poco…).

Los motivos que me llevaron a tomar esta decisión (hablo por mí, pero creo que algunos son compartidos por otros miembros de mi Directiva), es posible clasificarlos en objetivos y subjetivos, esto es, entre motivos que difícilmente pueden discutirse y motivos que dependen de una percepción personal, en este caso la mía, con independencia de que se basen en hechos.

La principal razón objetiva lo constituye el hecho de haber estado al frente del CBLR ocho años. Seguramente, estar más de ese tiempo no hubiera sido bueno. Siempre he pensado que es sano, para cualquier institución, el que existan cambios en las personas que las llevan. Es verdad que, en algún momento, pensamos seguir sobre todo porque pusimos en marcha actuaciones que queríamos afianzar como la Fundación o el equipo de silla de ruedas con FDI, y porque estábamos iniciando una estrategia de mejora competitiva (sin dejar a un lado aquello que nos había venido identificando siempre). También es cierto que conservo un papel en el que a mano, en un momento me imagino que de euforia, en 2011, escribí un plan que alcanzaba hasta el 2022… (pero esto lo dejo para el libro).

A lo anterior hay que unir, y sigo con las motivaciones objetivas, la aparición de una serie de desavenencias con el cuerpo técnico (en principio con parte del cuerpo técnico, creía yo, pero debía ser con muchos/as más a la vista de los correos que he recibido de despedida) que desembocaron en una falta de confianza que ha sido imposible recuperar. Y sin confianza, en un sitio como este, objetivamente es imposible seguir. En este tipo de clubes, directiva y equipo técnico deben ser un equipo. Además, a veces, la pérdida de confianza desemboca en pérdida de autoridad e incluso de respeto…

No se muy bien, y empiezo ahora con las cuestiones subjetivas, cuando empezaron estas desavenencias. La bomba son una serie de sucesos que tienen lugar en el último año aunque me temo que la cosa debía venir de lejos. Siempre he tenido la sensación de que a parte (subrayo lo de parte) del cuerpo técnico nunca le ha gustado del todo lo “complementario” (o lo que algunos consideraban como complementario), esto es, las actividades sociales, la formación (Aula), la sección de psicología, e incluso, últimamente, la de discapacidad… Pero sobre todo, nunca he visto receptividad con el plan de igualdad.

Si a ello unes la puesta en marcha de unas encuestas (con una reacción en la presentación de sus resultados por parte de sus responsables -no de todos/as claro- de vergüenza ajena), la entrada de la directiva en algunas decisiones deportivas que entendíamos como carentes de justificación (y por tanto era nuestra obligación entrar) y que fueron cuestionadas y convenientemente tergiversadas, una reformulación de la manera de calcular las dietas (por otro lado, conocida desde hace tiempo y con unos criterios consensuados), la desatención (por emplear un eufemismo) de algunas de nuestras directrices (con, por ejemplo, prácticas claramente rechazables a la hora de presentar papeles o la entrega de una copia de los títulos), la elección de un delegado de personal (algo que puede ser lógico) que al mismo tiempo ocupa el puesto de director deportivo (algo a todas luces ilógico)… Y a todo ello se le ha sumado una labor, por parte de alguno, de desgaste y de destrucción de la confianza entre unos y otros… Son cosas que tendré ocasión de contar en el futuro (porque las tengo todas escritas) y que difícilmente pueden ser para nadie objeto de orgullo…, tampoco para la directiva.

Estoy seguro que si tenemos que buscar culpables de todo ello, yo ocupo un lugar importante. Pero también dejo para más adelante escribir al respecto.

Cuando vimos que la cosa no podía seguir, decidimos dejar la dirección sin traumas (aunque sin pausa). Para ello convoqué a un grupo de socios con el objetivo de que poco a poco lográramos convencer a algunos de tomar el mando del Club y todo se hiciera con normalidad. Y creo que, después de ciertas vicisitudes (algunas de ellas algo dolorosas), lo hemos conseguido. Tenemos una nueva directiva encabezada por una persona que, además de conocer el baloncesto, el CBLR y el municipio, es un buen amigo y, lo que es más importante, una buena persona. Y está acompañado de un grupo de socios/as con ilusión y ganas. Estoy seguro que lograrán dar un empujón nuevo al Club.

Tengo que reconocer que en algún momento del proceso, sobre todo al principio y a la vista de algunos comportamientos, me llegué a plantear la posibilidad de seguir pero inmediatamente desistí, sobre todo después de la reacción del grupo de socios y de las instituciones. No sé sinceramente que hubiera pasado si la reacción hubiera sido otra.

En cualquier caso, en todo este suceso solo hay tres cosas que me han dolido. Dos de ellas no me pesan y están prácticamente olvidadas. Se trata, por un lado, de la poca atención y compañía de algunos/as amigos/as a los que pedí colaboración y ayuda en el proceso, por otro, del cambio de denominación del grupo de trabajo que formamos y que, nada más constituirse, pasó a llamarse grupo de mediación… Como digo, son cosas para mi ya sin importancia.

Lo que no está olvidado, más allá de algún disgusto y decepción personal, no es otra cosa que el conjunto de acusaciones lanzadas sobre todo hacia personas de mi directiva por parte miembros del cuerpo técnico (seguidas por algún/a socio/a). Sobre esto último también escribiré en el futuro para dar cuenta de lo parecido que es el CBLR (me imagino que cualquier club de cantera) a una Junta de comunidad de propietarios…

Soy consciente de que toda esa tarea, que me he marcado, de escribir la experiencia de estos ocho años no interesará a muchos/as. No obstante quiero hacerlo porque si hay algo que le falta al CBLR es escribir su historia… Espero tener tiempo y sobre todo ganas porque, como mis amigas y amigos saben, tengo una facilidad muy grande en hacer “click” al dejar las cosas y olvidarme de ellas. Es una virtud, pero también un defecto.

¿Se puede limitar la accesibilidad por lo que cuesta?

De manera polémica, al tratar los límites del derecho a la accesibilidad, desde un enfoque de derechos humanos, he hecho referencia en alguna ocasión a la idea de razonabilidad y, dentro de ella, a la posible afectación a otros derechos. Digo que de forma polémica porque para algunos, entre ellos el Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, la accesibilidad es una exigencia absoluta.

Sin embargo, no existen derechos absolutos. En el caso de la accesibilidad, ciertamente habrá que diferenciar entre un situación de diseño universal (en la que hay que hacer accesible algo nuevo) y una situación de exigencia de accesibilidad (en la que hay que hacer accesible algo ya existente). Y es posible que en el caso de colisión con otros derechos, la ponderación difiera en una u otra situación.

Lo que no cabe esgrimir en el campo de la accesibilidad, que es el campo de los derechos humanos, es que el coste de una medida pueda ser una razón suficiente para limitar la accesibilidad. Y ello es así porque el coste en sí mismo no puede ser una razón que compita con los derechos humanos.

Con ello no quiero decir que el discurso de los derechos no tenga en cuenta costes económicos o esté la margen de la economía. Dando por descontado que la economía debe estar al servicio de los derechos humanos, estos no pueden ser ajenos a los costes que implican su satisfacción. Pero la atención a estos costes debe venir por la vía de la afectación a otros derechos. Es decir, un derecho puede encontrar sus límites en un coste excesivo siempre y cuando ese coste excesivo se exprese como insatisfacción de otros derechos.

Y hago esta reflexión porque hoy, trabajando sobre fiscalía y accesibilidad he podido leer el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, cuyo artículo 7 (sobre carga desproporcionada) dice (lo reproduzco en su totalidad ya que todo él posee interés teórico): “1.Con carácter excepcional, en atención a la carga desproporcionada que el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad pueda suponer para la entidad obligada, se podrá exceptuar el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad recogidos en el presente real decreto. La excepción al cumplimiento de los requisitos de accesibilidad deberá ser motivada y se limitará al contenido concreto y a lo estrictamente necesario para reducir la carga. No obstante, la entidad deberá hacer estos contenidos lo más accesibles posible y cumplir todos los requisitos de accesibilidad en el resto de contenidos. 2.Se considera carga desproporcionada aquella que impone a la entidad obligada una carga financiera y organizativa excesiva, o que compromete su capacidad para cumplir su cometido o para publicar la información necesaria y pertinente para sus tareas y servicios, teniendo en cuenta al mismo tiempo el posible beneficio o perjuicio para los ciudadanos, en particular para las personas con discapacidad y personas mayores. 3.No se consideran motivos que permitan apreciar la excepción de la carga desproporcionada la falta de prioridad, de tiempo o de conocimientos. Asimismo, tampoco es posible justificar la necesidad de adquirir o desarrollar sistemas informáticos, para la gestión de contenidos de sitios web, y aplicaciones para dispositivos móviles que no sean accesibles. 4. A fin de evaluar en qué medida el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad previstos en este real decreto impone una carga desproporcionada, las entidades obligadas deberán tener en cuenta como mínimo las siguientes circunstancias: a) El tamaño, los recursos y la naturaleza del sujeto concreto obligado. b) Los costes y beneficios estimados para el mismo, en relación con los beneficios estimados para las personas con discapacidad y las personas mayores, teniendo en cuenta la frecuencia y la duración del uso del sitio web o aplicación para dispositivos móviles en especial. 5. La entidad obligada concreta que desee acogerse a la excepción contemplada en el apartado 1 de este artículo deberá llevar a cabo una evaluación inicial de la medida en que el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad previstos en este real decreto impone una carga desproporcionada debiéndolo hacer constar por escrito mediante el correspondiente informe. Dicha evaluación deberá revisarse al menos una vez al año para contemplar los posibles cambios organizacionales o técnicos. 6.En todo caso, en la declaración de accesibilidad para el sitio web concreto o la aplicación para dispositivos móviles concreta, después de realizar la correspondiente evaluación, se hará constar las partes de los requisitos de accesibilidad que no puede cumplir y, en su caso, se ofrecerá alternativas accesibles según los términos definidos en el artículo 15”.

Se trata de un artículo que da mucho juego a la hora de referirnos al alcance de la accesibilidad (he subrayado alguno de los puntos). No obstante, lo que me interesa hoy subrayar es que está justificando una discriminación (la ausencia de accesibilidad) por lo que cuesta hacerla desaparecer. Aunque ciertamente, la referencia en el punto 2 a la posibilidad de que el coste comprometa la capacidad para cumplir su cometido, puede ser una vía que conecte esa razón con otros derechos…