Sobre la Instrucción de la Junta Electoral Central en relación con el derecho de sufragio de las personas con discapacidad

Acabo de leer la Instrucción 5/2019, de 11 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre aplicación de la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General llevada a cabo por la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad.

Personalmente me llama la atención la manera con la que la Junta Electoral Central se preocupa de este asunto y no me queda clara ni la finalidad que se persigue ni las consecuencias de la medida.

En concreto, el aspecto polémico de la instrucción es el punto segundo de la instrucción, que dice: “Las Mesas Electorales deberán admitir el voto de cualquier persona con aparente discapacidad que se encuentre inscrita en el censo electoral correspondiente a dicha Mesa. Las personas con alguna discapacidad podrán valerse de alguien que les acompañe, o de algún medio material para trasladar los sobres electorales a los miembros de la Mesa Electoral. En el supuesto de que algún miembro de una Mesa Electoral, o alguno de los interventores o apoderados adscritos a esa Mesa considere que el voto de una persona con discapacidad no es ejercido de forma consciente, libre y voluntaria, lo podrá hacer constar en el acta de la sesión, pero no se impedirá que dicho voto sea introducido en la urna. En esa manifestación de constancia, el acta identificará al elector únicamente por el número de su Documento Nacional de Identidad o, en su caso, por el documento identificativo que aporte”.

Se trata de una disposición que, claramente, expresa la visión social y jurídica de la discapacidad anclada todavía en el modelo médico, y manifiesta el escaso acuerdo que, a pesar de la reforma de la ley, existe en la comunidad jurídica.

En todo caso, está claro que esa falta de acuerdo jurídico no puede servir para dejar de atender lo dispuesto en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad relativo tanto a la participación política cuanto, sobre todo, a la no discriminación. Ni tampoco para dejar de cumplir un mandato constitucional.

Y es que el punto reproducido de la Instrucción se enfrenta de manera meridianamente clara a lo establecido en el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (que prohíbe la discriminación por motivo de discapacidad) y al artículo 14 de nuestra Constitución.

¿Qué pasaría si sustituyéramos el término persona con discapacidad por blancos, negros, católicos, mulsumanes, mujeres, hombres, altos, en situación de pobreza….?

Otra cosa hubiera sido que la instrucción no hubiera hecho referencia a las personas con discapacidad y simplemente se hubiera referido a cualquier persona que no ejerza el voto de forma consciente, libre y voluntaria.

En ese caso no habría discriminación, al menos en principio, aunque seguramente la sociedad no lo aceptaría, la finalidad y las consecuencias seguirían sin estar claras y la discrecionalidad de su uso podría ser inquietante.

El marco de la accesibilidad

Uno de los compromisos de un proyecto que estamos terminando, Madrid sin barreras, consiste en llevar a cabo una publicación sobre los conceptos de accesibilidad, ajustes, apoyos… Se trata de términos sobre los que he escrito algunos trabajos que estoy reuniendo y rehaciendo con el objetivo de escribir un estudio amplio sobre el derecho a la accesibilidad, cumpliendo así el compromiso del proyecto. De manera esquemática, la idea de accesibilidad que voy a defender en ese estudio es la siguiente.

Es posible hablar de accesibilidad en un sentido restringido y en un sentido amplio. El sentido restringido de la accesibilidad, se proyecta sobre “productos, entornos, programas y servicios”, y supone “el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales”. El sentido amplio de la accesibilidad supone el acceso a todos los bienes y derechos y se fundamenta en la vida independiente, en la participación en la vida social y en la igualdad de oportunidades; conecta con la idea de capacidad, y subraya su dimensión como posibilidad o, si se quiere como derecho a tener derechos.

Además, y desde un punto de vista jurídico, la accesibilidad se presenta bien como parte del contenido esencial de los derechos y, en definitiva, de las condiciones que los hace practicables; o bien como derecho autónomo.

La accesibilidad no es un derecho ilimitado sino que es posible hablar de límites de lo posible y de límites de lo razonable (ver  http://repositoriocdpd.net:8080/handle/123456789/858).

Creo que es posible defender que la accesibilidad como parte del contenido esencial tiene que ver con la accesibilidad en sentido amplio, mientras que la accesibilidad como derecho autónomo tiene que ver con la accesibilidad en sentido restringido, y que los límites a la accesibilidad poseen un alcance distinto en cada una de esas proyecciones.

De esta forma la accesibilidad como parte del contenido esencial puede manifestarse en términos de diseño universal, de medidas de accesibilidad o de ajustes razonables. Cada uno de estos momentos se puede realizar a través de determinadas exigencias y actuaciones. En este punto, por ejemplo, los apoyos, la asistencia y los ajustes de procedimiento, pueden ser parte del contenido esencial de un derecho y presentarse al hilo del diseño universal o como ajuste. Por su parte, las acciones positivas encuentran justificación en cuanto satisfacen la posibilidad de realizar el derecho y se presentan al hilo de las medidas de accesibilidad. Es importante advertir que en esta proyección de la accesibilidad, los límites que esta puede encontrar en términos de lo posible o de lo razonable, tienen que apoyarse en argumentos capaces de justificar la restricción de un derecho humano.

Por su parte, la accesibilidad como derecho autónomo también puede manifestarse en términos de diseño universal, de medidas de accesibilidad o de ajustes razonables. E igualmente, cada uno de estos momentos se puede realizar a través de determinadas exigencias y actuaciones. Sin embargo, en este punto, apoyos y asistencia, de tener cabida (cuestión discutible), se manifiestan solo en términos de diseño universal. Por otro lado, en esta dimensión de la accesibilidad, los límites compiten con argumentos que no tienen que ver necesariamente con derechos humanos y, además, adquiere relevancia el carácter público o privado de los sujetos a los que concierne.

Las razones de la salida

Muchas amigas y amigos, me han venido preguntando en estos días, al felicitarnos las fiestas o al encontrarnos por las canchas, sobre la decisión de no seguir al frente del CBLR. Ahora, pasados ya unos días desde la celebración de la Asamblea de socios, voy a escribir brevemente unas líneas al respecto. Y lo hago sobre todo porque, en muchas ocasiones, lo que me han trasladado estas personas que me han preguntado sobre el tema, han sido versiones sobre aquello que ha motivado la decisión que distan mucho de ser ciertas. No quiero extenderme mucho, no tengo tiempo para ello en estos momentos, pero tampoco quiero dejarlo pasar. En todo caso, como los más cercanos saben, comencé hace tiempo a escribir un libro sobre esta experiencia de ocho años, en el que tendré ocasión de contar esto y muchas cosas más (si es que tengo tiempo para hacerlo porque la verdad es que he avanzado poco…).

Los motivos que me llevaron a tomar esta decisión (hablo por mí, pero creo que algunos son compartidos por otros miembros de mi Directiva), es posible clasificarlos en objetivos y subjetivos, esto es, entre motivos que difícilmente pueden discutirse y motivos que dependen de una percepción personal, en este caso la mía, con independencia de que se basen en hechos.

La principal razón objetiva lo constituye el hecho de haber estado al frente del CBLR ocho años. Seguramente, estar más de ese tiempo no hubiera sido bueno. Siempre he pensado que es sano, para cualquier institución, el que existan cambios en las personas que las llevan. Es verdad que, en algún momento, pensamos seguir sobre todo porque pusimos en marcha actuaciones que queríamos afianzar como la Fundación o el equipo de silla de ruedas con FDI, y porque estábamos iniciando una estrategia de mejora competitiva (sin dejar a un lado aquello que nos había venido identificando siempre). También es cierto que conservo un papel en el que a mano, en un momento me imagino que de euforia, en 2011, escribí un plan que alcanzaba hasta el 2022… (pero esto lo dejo para el libro).

A lo anterior hay que unir, y sigo con las motivaciones objetivas, la aparición de una serie de desavenencias con el cuerpo técnico (en principio con parte del cuerpo técnico, creía yo, pero debía ser con muchos/as más a la vista de los correos que he recibido de despedida) que desembocaron en una falta de confianza que ha sido imposible recuperar. Y sin confianza, en un sitio como este, objetivamente es imposible seguir. En este tipo de clubes, directiva y equipo técnico deben ser un equipo. Además, a veces, la pérdida de confianza desemboca en pérdida de autoridad e incluso de respeto…

No se muy bien, y empiezo ahora con las cuestiones subjetivas, cuando empezaron estas desavenencias. La bomba son una serie de sucesos que tienen lugar en el último año aunque me temo que la cosa debía venir de lejos. Siempre he tenido la sensación de que a parte (subrayo lo de parte) del cuerpo técnico nunca le ha gustado del todo lo “complementario” (o lo que algunos consideraban como complementario), esto es, las actividades sociales, la formación (Aula), la sección de psicología, e incluso, últimamente, la de discapacidad… Pero sobre todo, nunca he visto receptividad con el plan de igualdad.

Si a ello unes la puesta en marcha de unas encuestas (con una reacción en la presentación de sus resultados por parte de sus responsables -no de todos/as claro- de vergüenza ajena), la entrada de la directiva en algunas decisiones deportivas que entendíamos como carentes de justificación (y por tanto era nuestra obligación entrar) y que fueron cuestionadas y convenientemente tergiversadas, una reformulación de la manera de calcular las dietas (por otro lado, conocida desde hace tiempo y con unos criterios consensuados), la desatención (por emplear un eufemismo) de algunas de nuestras directrices (con, por ejemplo, prácticas claramente rechazables a la hora de presentar papeles o la entrega de una copia de los títulos), la elección de un delegado de personal (algo que puede ser lógico) que al mismo tiempo ocupa el puesto de director deportivo (algo a todas luces ilógico)… Y a todo ello se le ha sumado una labor, por parte de alguno, de desgaste y de destrucción de la confianza entre unos y otros… Son cosas que tendré ocasión de contar en el futuro (porque las tengo todas escritas) y que difícilmente pueden ser para nadie objeto de orgullo…, tampoco para la directiva.

Estoy seguro que si tenemos que buscar culpables de todo ello, yo ocupo un lugar importante. Pero también dejo para más adelante escribir al respecto.

Cuando vimos que la cosa no podía seguir, decidimos dejar la dirección sin traumas (aunque sin pausa). Para ello convoqué a un grupo de socios con el objetivo de que poco a poco lográramos convencer a algunos de tomar el mando del Club y todo se hiciera con normalidad. Y creo que, después de ciertas vicisitudes (algunas de ellas algo dolorosas), lo hemos conseguido. Tenemos una nueva directiva encabezada por una persona que, además de conocer el baloncesto, el CBLR y el municipio, es un buen amigo y, lo que es más importante, una buena persona. Y está acompañado de un grupo de socios/as con ilusión y ganas. Estoy seguro que lograrán dar un empujón nuevo al Club.

Tengo que reconocer que en algún momento del proceso, sobre todo al principio y a la vista de algunos comportamientos, me llegué a plantear la posibilidad de seguir pero inmediatamente desistí, sobre todo después de la reacción del grupo de socios y de las instituciones. No sé sinceramente que hubiera pasado si la reacción hubiera sido otra.

En cualquier caso, en todo este suceso solo hay tres cosas que me han dolido. Dos de ellas no me pesan y están prácticamente olvidadas. Se trata, por un lado, de la poca atención y compañía de algunos/as amigos/as a los que pedí colaboración y ayuda en el proceso, por otro, del cambio de denominación del grupo de trabajo que formamos y que, nada más constituirse, pasó a llamarse grupo de mediación… Como digo, son cosas para mi ya sin importancia.

Lo que no está olvidado, más allá de algún disgusto y decepción personal, no es otra cosa que el conjunto de acusaciones lanzadas sobre todo hacia personas de mi directiva por parte miembros del cuerpo técnico (seguidas por algún/a socio/a). Sobre esto último también escribiré en el futuro para dar cuenta de lo parecido que es el CBLR (me imagino que cualquier club de cantera) a una Junta de comunidad de propietarios…

Soy consciente de que toda esa tarea, que me he marcado, de escribir la experiencia de estos ocho años no interesará a muchos/as. No obstante quiero hacerlo porque si hay algo que le falta al CBLR es escribir su historia… Espero tener tiempo y sobre todo ganas porque, como mis amigas y amigos saben, tengo una facilidad muy grande en hacer “click” al dejar las cosas y olvidarme de ellas. Es una virtud, pero también un defecto.

¿Se puede limitar la accesibilidad por lo que cuesta?

De manera polémica, al tratar los límites del derecho a la accesibilidad, desde un enfoque de derechos humanos, he hecho referencia en alguna ocasión a la idea de razonabilidad y, dentro de ella, a la posible afectación a otros derechos. Digo que de forma polémica porque para algunos, entre ellos el Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, la accesibilidad es una exigencia absoluta.

Sin embargo, no existen derechos absolutos. En el caso de la accesibilidad, ciertamente habrá que diferenciar entre un situación de diseño universal (en la que hay que hacer accesible algo nuevo) y una situación de exigencia de accesibilidad (en la que hay que hacer accesible algo ya existente). Y es posible que en el caso de colisión con otros derechos, la ponderación difiera en una u otra situación.

Lo que no cabe esgrimir en el campo de la accesibilidad, que es el campo de los derechos humanos, es que el coste de una medida pueda ser una razón suficiente para limitar la accesibilidad. Y ello es así porque el coste en sí mismo no puede ser una razón que compita con los derechos humanos.

Con ello no quiero decir que el discurso de los derechos no tenga en cuenta costes económicos o esté la margen de la economía. Dando por descontado que la economía debe estar al servicio de los derechos humanos, estos no pueden ser ajenos a los costes que implican su satisfacción. Pero la atención a estos costes debe venir por la vía de la afectación a otros derechos. Es decir, un derecho puede encontrar sus límites en un coste excesivo siempre y cuando ese coste excesivo se exprese como insatisfacción de otros derechos.

Y hago esta reflexión porque hoy, trabajando sobre fiscalía y accesibilidad he podido leer el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, cuyo artículo 7 (sobre carga desproporcionada) dice (lo reproduzco en su totalidad ya que todo él posee interés teórico): “1.Con carácter excepcional, en atención a la carga desproporcionada que el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad pueda suponer para la entidad obligada, se podrá exceptuar el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad recogidos en el presente real decreto. La excepción al cumplimiento de los requisitos de accesibilidad deberá ser motivada y se limitará al contenido concreto y a lo estrictamente necesario para reducir la carga. No obstante, la entidad deberá hacer estos contenidos lo más accesibles posible y cumplir todos los requisitos de accesibilidad en el resto de contenidos. 2.Se considera carga desproporcionada aquella que impone a la entidad obligada una carga financiera y organizativa excesiva, o que compromete su capacidad para cumplir su cometido o para publicar la información necesaria y pertinente para sus tareas y servicios, teniendo en cuenta al mismo tiempo el posible beneficio o perjuicio para los ciudadanos, en particular para las personas con discapacidad y personas mayores. 3.No se consideran motivos que permitan apreciar la excepción de la carga desproporcionada la falta de prioridad, de tiempo o de conocimientos. Asimismo, tampoco es posible justificar la necesidad de adquirir o desarrollar sistemas informáticos, para la gestión de contenidos de sitios web, y aplicaciones para dispositivos móviles que no sean accesibles. 4. A fin de evaluar en qué medida el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad previstos en este real decreto impone una carga desproporcionada, las entidades obligadas deberán tener en cuenta como mínimo las siguientes circunstancias: a) El tamaño, los recursos y la naturaleza del sujeto concreto obligado. b) Los costes y beneficios estimados para el mismo, en relación con los beneficios estimados para las personas con discapacidad y las personas mayores, teniendo en cuenta la frecuencia y la duración del uso del sitio web o aplicación para dispositivos móviles en especial. 5. La entidad obligada concreta que desee acogerse a la excepción contemplada en el apartado 1 de este artículo deberá llevar a cabo una evaluación inicial de la medida en que el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad previstos en este real decreto impone una carga desproporcionada debiéndolo hacer constar por escrito mediante el correspondiente informe. Dicha evaluación deberá revisarse al menos una vez al año para contemplar los posibles cambios organizacionales o técnicos. 6.En todo caso, en la declaración de accesibilidad para el sitio web concreto o la aplicación para dispositivos móviles concreta, después de realizar la correspondiente evaluación, se hará constar las partes de los requisitos de accesibilidad que no puede cumplir y, en su caso, se ofrecerá alternativas accesibles según los términos definidos en el artículo 15”.

Se trata de un artículo que da mucho juego a la hora de referirnos al alcance de la accesibilidad (he subrayado alguno de los puntos). No obstante, lo que me interesa hoy subrayar es que está justificando una discriminación (la ausencia de accesibilidad) por lo que cuesta hacerla desaparecer. Aunque ciertamente, la referencia en el punto 2 a la posibilidad de que el coste comprometa la capacidad para cumplir su cometido, puede ser una vía que conecte esa razón con otros derechos…

Sobre los ajustes razonables. Comentarios al hilo de la Observación 6 del Comité de NU sobre derechos de las personas con discapacidad.

Como es sabido, la Observación núm. 6 del Comité sobre los  Derechos de las Personas con Discapacidad se refiere a la Igualdad y No Discriminación.

No voy a realizar aquí un comentario sobre toda la Observación. Me voy a detener solo y de manera breve, en la manera de entender la accesibilidad y, sobre todo, los ajustes razonables. En otros lugares he expresado ya mi distancia con la forma en la que el Comité aborda el significado de los ajustes. Una construcción que, a pesar de que pueda basarse en la Convención, me parece alejada del discurso de los derechos.

El punto 41 de la Observación, afirma: “la accesibilidad y los ajustes razonables son dos conceptos distintos en las leyes y políticas de igualdad: a) Las obligaciones relacionadas con la accesibilidad se refieren a los grupos y deben aplicarse de forma gradual, pero sin condiciones; b) Las obligaciones relacionadas con los ajustes razonables, por el contrario, son individualizadas, se aplican de forma inmediata a todos los derechos, y pueden verse limitadas por la desproporcionalidad”. De esta manera, en el punto 24 se diferencia entre obligaciones de accesibilidad y ajustes razonables entendiendo a las primeras como obligaciones ex ante (podríamos decir, desde siempre) y a las segundas como obligaciones ex nunc (podríamos decir desde que se solicita u origina).

Hasta aquí ningún problema. En cierta forma, las obligaciones de accesibilidad, en la terminología del Comité, serían lo que he denominado en algún momento como obligación de diseño universal y medidas de accesibilidad. Ciertamente, podríamos comentar ese rasgo de la incondicionalidad pero no voy a hacerlo en esta entrada.

Sin embargo, cuando la observación desentraña el significado del ajuste, me empiezan a surgir las dudas.  Y es que, para el Comité la obligación de realizar el ajuste posee dos partes: “la primera impone una obligación jurídica positiva de proporcionar ajustes razonables, que constituyen una modificación o adaptación que sea necesaria y adecuada, cuando se requiera en un caso particular para garantizar el goce o ejercicio de los derechos de una persona con discapacidad. La segunda parte asegura que los ajustes requeridos no impongan una carga desproporcionada o indebida al garante de los derechos” (punto 25).

A partir de aquí, en el mismo punto señala el Comité que “`ajustes razonables’ es un único término y `razonables’ no debe interpretarse erróneamente como una cláusula de excepción”. Y sigue: “Por el contrario, la razonabilidad de un ajuste hace referencia a su pertinencia, idoneidad y eficacia para la persona con discapacidad. Por tanto, un ajuste es razonable si logra el objetivo (o los objetivos) para el que se realiza y si está diseñado para satisfacer los requerimientos de la persona con discapacidad”. En este sentido, para el Comité, la razonabilidad del ajuste tiene que ver con su pertinencia, idoneidad y eficacia (por cierto, términos que se usan normalmente para identificar el principio de proporcionalidad que es algo que parece eludir en este momento el Comité), pero no con su coste. Para el Comité: “La `carga desproporcionada o indebida´ debe entenderse como un concepto único que establece los límites de la obligación de proporcionar ajustes razonables”.

En el punto 26 de las Observaciones se refiere a algunos de los elementos que guían la aplicación de la obligación de realizar ajustes razonables. De su lectura, parece deducirse que la razonabilidad del ajuste se produce cuando se busca eliminar barreras a derechos (lo que he denominado en algún momento como límites de lo necesario) y cuando es factible (lo que he denominado como límites de lo posible). Por su parte, en la aplicación del ajuste razonable habrá que evaluar si impone una carga desproporcionada, para lo cual “hay que evaluar la proporcionalidad que existe entre los medios empleados y la finalidad, que es el disfrute del derecho en cuestión”. Y en este punto se señala que: “Entre los posibles factores que deben tenerse en cuenta figuran los costos financieros, los recursos disponibles (incluidos los subsidios públicos), el tamaño de la parte que ha de realizar los ajustes (en su integralidad), los efectos de la modificación para la institución o empresa, las ventajas para terceros, los efectos negativos para otras personas y los requisitos razonables de salud y seguridad”.

De todo lo anterior se deduce la posibilidad de que puedan darse situaciones en la que un ajuste razonable no se lleve a cabo por su coste. Algo así como que el ajuste era razonable pero la carga desproporcionada. Pues bien, esta manera de entender el ajuste lo separa del discurso de los derechos humanos y es difícilmente compatible con la idea de que la denegación del ajuste produce discriminación (que es algo que está meridianamente claro en la Convención y que la Observación desde el principio y a lo largo de todo su texto defiende).

Y también se separa del discurso la posibilidad de entender el ajuste como sustitución de las medidas de accesibilidad o remedio de su falta, tal y como se deja caer en el punto 42, cuando se dice: “Dado que la realización gradual de la accesibilidad en el entorno construido, el transporte público y los servicios de información y comunicación puede llevar tiempo, cabe utilizar ajustes razonables entre tanto como medio para facilitar el acceso a una persona, por ser una obligación inmediata”.

Sobre la accesibilidad como derecho humano

Trabajando sobre cuestiones que tienen que ver con el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, me he encontrado con un Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE), de 21 de enero de 2014, que no conocía, sobre “La accesibilidad como un derecho humano para las personas con discapacidad”, del que fue ponente Yannis Vardakastanis (presidente del European Disability Forum) y que se aprobó con 152 votos a favor y 3 abstenciones (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52013IE3000&from=EN&lang3=choose&lang2=choose&lang1=EN)  

Llamo la atención sobre este documento porque es de los pocos que conozco en este ámbito, y con un cierto carácter institucional (el CESE es un órgano consultivo de la Unión Europea que emite dictámenes para la Comisión Europea, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo), que de forma clara se pronuncia sobre la consideración de la accesibilidad como un derecho humano y que, además, lo hace desde un planteamiento muy cercano a lo que he denominado en otros lugares como el eje de la accesibilidad.

Así, el Dictamen comienza afirmando: “El CESE hace un llamamiento a las instituciones de la UE para que reconozcan que el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de las Naciones Unidas constituye de por sí un derecho humano y que, por consiguiente, su plena aplicación debe conducir a la creación de las condiciones necesarias, a través de medidas legales y políticas, para permitir a las personas con discapacidad acceder a cualquier entorno y aspecto de la vida. Todo ello reviste una importancia crucial para el ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos, así como de sus derechos sociales, económicos y culturales. La accesibilidad beneficia al conjunto de la sociedad”.

Se afirma, que es un derecho que afecta no solo a las personas con discapacidad sino a todas las personas en general: “El CESE cree que la «accesibilidad como un derecho humano» ha de transformarse en un concepto político y funcional. Se trata de un concepto válido para el conjunto de la sociedad, y no únicamente para las personas con discapacidad” (punto 3.1 del Dictamen).

La consideración como derecho humano supone un salto de calidad en esta exigencia y reduce la fuerza de los argumentos de tipo económico como justificativos de su limitación. Así, el punto 1,9, del Dictamen dice: “El CESE cree que ni la crisis ni las consiguientes medidas de austeridad deben ser utilizadas por la UE y por los Estados miembros como excusa para menoscabar el respeto de la accesibilidad como un derecho humano”.

El dictamen recoge también las dos grandes perspectivas de la accesibilidad. Por un lado su consideración como derecho singular, y por otro, su consideración como parte esencial para el disfrute del resto de derechos (contenido esencial de los derechos). Así, en el punto 3.2. puede leerse: “El CESE hace hincapié en que, en todo lo relacionado con la agenda política, la accesibilidad como un derecho humano ha de entenderse de dos maneras: — como un derecho humano en sí, en referencia a la posibilidad de participar, actuar, comunicar y ser informado de manera autónoma y segura, y — como un derecho humano inherente a la aplicación de otros derechos humanos, lo que lo convierte en un elemento facilitador fundamental”.

Por otro lado, incide en la idea de que los ajustes razonables no son medidas que pueden reemplazar la obligación del diseño universal. En este sentido, el punto 3.11 señala: “Los ajustes razonables no sustituirán bajo ningún concepto la obligación de garantizar la accesibilidad de las infraestructuras, los edificios y los  servicios, de conformidad con los principios del diseño universal. Los ajustes razonables pretenden garantizar la justicia individual en el sentido de que se proporciona no discriminación e igualdad teniendo presentes la dignidad, la autonomía y las opciones de la persona. El CESE cree que un mayor impulso de los estándares de accesibilidad en general se traducirá en ajustes más razonables”.

Y, también, destaca la importancia de formar y concienciar sobre la relevancia de la accesibilidad: “El CESE cree que las estrategias de educación europeas y nacionales deben incluir la cuestión de la accesibilidad de las personas con discapacidad en los planes de estudio de colegios y universidades” (punto 5.6 del Dictamen).

Educación en robótica sin derechos humanos

Hace cuatro años publicaba Una mirada a la robótica desde los derechos humanos, defendiendo la necesidad de utilizar a los derechos humanos como marco en el que desenvolver la reflexión sobre las tecnologías emergentes. Se trata de una idea que está extendiéndose cada vez más.

En 2017, el Instituto Rathenau, comisionado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), emitió un informe sobre derechos humanos y robótica, en el que, entre otras cosas, recomendaba la creación de una Convención para la defensa de los derechos humanos en la era de la robótica. En mayo de 2018, se aprobó la “Declaración de Toronto” (firmada por Amnistía Internacional, Access Now, el Observatorio de Derechos Humanos y la Fundación Wikipedia, entre otros). Esta Declaración busca proteger los derechos de todos los individuos y grupos, así como garantizar y promover la diversidad y la inclusión, en el uso de los sistemas de aprendizaje automático. El 23 de octubre de 2018, la organización The Public Voice, aprobó las “Directrices Universales para la Inteligencia Artificial”, documento respaldado por 50 organizaciones científicas y más de 200 expertos de todo el mundo, que tiene como objetivo maximizar los beneficios de la inteligencia artificial y garantizar la protección de los derechos humanos. Dos días más tarde, el 25 de octubre de 2018, la Conferencia Internacional de instituciones dedicadas a la protección de datos y la privacidad (ICDPPC), aprobó la “Declaración sobre ética y protección de datos en la Inteligencia Artificial”, en la que se afirma que cualquier creación, desarrollo y uso de sistemas de inteligencia artificial debe respetar plenamente los derechos humanos.

Ahora bien, para que el enfoque de los derechos consiga estar presente en la reflexión sobre las nuevas tecnologías no basta con que existan normas y declaraciones que así lo establezcan. Es necesario que los derechos sean parte de la formación de todos aquellos implicados en las nuevas tecnologías y, también, sean contenido de la educación de los niños y niñas.

Y en este punto, tengo que reconocer la perplejidad que me produce observar cómo, en la actualidad, asistimos a un proceso de incorporación de la robótica y las nuevas tecnologías al ámbito educativo (algo muy necesario), acompañado de otro proceso que disminuye e incluso rechaza la educación en derechos humanos.

En el campo de la educación en las nuevas tecnologías, el 11 de enero de 2018, la Comisión Europea lanzaba el Plan de Acción de Educación Digital compuesto por 3 prioridades y 11 acciones que buscan fomentar y apoyar el uso de la tecnología en educación así como el desarrollo de la competencia digital. Las prioridades son: (i) hacer un mejor uso de la tecnología digital para la enseñanza y el aprendizaje; (ii) desarrollar competencias y habilidades digitales de relevancia para la transformación digital; (iii) mejorar los sistemas educativos a través del análisis de datos y procesos de previsión. En España, el Ministerio de Educación está poniendo en marcha, en colaboración con las Comunidades Autónomas, la Escuela de Pensamiento Computacional, cuyo objetivo es, según el Ministerio, ofrecer recursos educativos abiertos, formación y soluciones tecnológicas que ayuden a los docentes a incorporar estas habilidades en las aulas.

Por otra parte, la historia reciente de la educación en derechos humanos en España es conocida. La supresión de la asignatura de educación para la ciudadanía y la conversión en materia transversal, por parte de la LOMCE, de la llamada educación cívica y constitucional, son buena prueba de la importancia que se da a estos contenidos. Y ello con independencia de que en los objetivos de la Educación Secundaria y del Bachillerato se aluda al conocimiento de los derechos, y que en el currículo de la Educación Secundaria, aparezca, como una de las competencias, las llamadas competencias cívicas, dentro de las cuales se hace mención a los derechos humanos.

No hay formación estructurada en derechos humanos (ni en los colegios ni en la formación del profesorado) y la transversalidad en este punto no funciona. Y esto es manifiesto en las diferentes iniciativas en el campo de las nuevas tecnologías a las que me he referido antes. Así, en las 11 acciones del Plan de la Comisión Europea, no hay alusión alguna a los derechos (lo más cercano es alguna referencia a la no discriminación, principalmente en cuestión de género, y a temas de seguridad vinculados a la privacidad). Y algo parecido ocurre en España con la Escuela de Pensamiento Computacional; en el ámbito de la Comunidad de Madrid, en la formación planificada para el curso 2018-2019 en este marco, no se encuentran referencias a los derechos humanos. Y algo parecido ocurre, por lo general, si nos fijamos en los distintos programas ofrecidos por diferentes entidades y dirigidos a colegios e institutos.

Resulta absolutamente necesario formar en nuevas tecnologías. Pero también es absolutamente necesario que esa formación tenga en cuenta los derechos humanos, sobre todo si la presencia de estos en el currículo educativo sigue siendo la que es.